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Mientras escribo estas líneas, se acaba de publicar en España el Decreto de convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio de 2023. La derrota de los partidos socialista, comunista y separatista en las últimas elecciones locales y autonómicas ha precipitado la caída del Gobierno de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones.
Una de las consecuencias de la disolución del Congreso y Senado y la convocatoria de elecciones es precisamente la paralización de todo el trabajo legislativo en curso. Uno de ellos, el Proyecto de Ley de Familias, que el 14 de abril de 2023 fue admitido a trámite, presentado por el gobierno de izquierda.
Y dada su importancia, si me lo permitís, comenzaré mis colaboraciones con The Conservative, en relación con ella, como excusa literaria, para dedicar una serie de artículos a la “familia” en los estados miembros de la Unión Europea, y sus constituciones.
La Ley de Familias “non nata”, planeada por el gobierno de izquierda más radical de Europa, es quizás el intento más elaborado de disolver -como un terrón de azúcar en el agua- la institución de la familia hasta dejarla irreconocible. Aunque el artículo 39 de la Constitución Española de 1978 establece, en línea con los textos internacionales, que los poderes públicos garantizarán la protección social, jurídica y económica de la familia, el proyecto socialista, en un juego de palabras nada inocente, convierte la singular “familia” en un plural “familias”.
Con ello se pretende incluir dentro del concepto de “familias” multitud de relaciones “interpersonales” que no se ajustan a la idea de familia, ni al concepto que ha imperado en Europa durante siglos, ni, por supuesto, a las relaciones internacionales. instrumentos y, mucho menos, con la concepción europea y cristiana de la familia.
Es bien sabido que si todo es familia, nada es familia. Y si hasta el más mínimo elemento de la institución familiar está sujeto a la disciplina jurídica, entonces el Estado se convierte en el sujeto que organiza y disciplina lo que ocurre en el ámbito familiar, aunque las reglas proclamen entonces -aunque sea reiteradamente- todo aquello de libertad, tolerancia, diversidad y respeto.
Nada de esto existe si es el Estado obsesivo que irrumpe en la familia para imponerse coercitivamente a los padres en su deber y responsabilidad natural de alimentar, educar, corregir, vestir y brindar una educación integral a sus hijos.
La familia es una institución esencial, el núcleo humano más pequeño y perfecto de cualquier sociedad. Y por supuesto es anterior al Estado, y como anterior y esencial, tiene sus propios requisitos y debe ser protegido contra la injerencia ilegítima de otras familias o creaciones humanas, ya sean privadas -asociaciones o fundaciones u ONGs- o públicas -locales, administraciones regionales, nacionales o internacionales.
No existe una definición legal general de la familia, aunque en el mundo occidental se ha entendido como la comunidad de vida que, creada en principio por el matrimonio, se compone de un hombre y una mujer, con o sin hijos. Como comunidad y no como sociedad, el interés familiar no es la suma aritmética de los intereses individuales, sino que existe un bien o deber común familiar que se antepone al bien o interés individual de sus miembros, sujeto, por supuesto, al respeto a la dignidad e integridad física y moral de sus miembros.
Este intento de definición responde a la concepción europea de la familia; más tarde llamado occidental porque atraviesa continentes y se extiende por todo el mundo. Y cuando digo europeo, lo hago conscientemente. Porque a esta concepción se llegó tras la irrupción del cristianismo, que modeló, moderó y superó en armónica síntesis a la antigua familia de Roma o al primitivo Derecho germánico, sustituyendo el vínculo de la autoridad por el de la sangre, suavizando el poder de la cabeza del hogar, reconociendo derechos y deberes recíprocos entre los cónyuges y ordenando el ejercicio de la autoridad para el bien de los hijos.